Paola Alejandra Ruarte, la ex cooperativista que denunció anomalías en el programa “Argentina Trabaja” y acusó al legislador alperovichista Guillermo Gassenbauer por presuntas maniobras irregulares, ingresó al programa nacional de protección de testigos, previsto en la Ley N° 25.764, según un fallo que dictó la Cámara Federal de Apelaciones en la causa.

El pedido de custodia había sido formalizado hace dos semanas por el abogado de Ruarte, Juan Roberto Robles, dirigente de la UCR, durante una audiencia pública en los Tribunales federales. El letrado había solicitado que su cliente tenga el amparo de Gendarmería Nacional, debido a una serie de amenazas y hechos violentos que la mujer dijo haber sufrido desde que se desató el escándalo. El fiscal federal, Gustavo Gómez, apoyó el planteo del abogado.

Por otra parte, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó, de manera parcial, el decreto que había dictado el 29 de julio pasado el juez federal Fernando Luis Poviña, mediante el que rechazaba a la ex cooperativista como querellante en la causa. Sin embargo, se sustentó en argumentos diferentes.

Poviña había denegado este rol a la denunciante porque “no se puede descartar que (...) resulte una posible imputada”, según la cédula de notificación que recibió Robles en su casillero. Además, el juez federal entendía que, sobre la base de ese razonamiento, tampoco correspondía citar a declarar todavía a la ex cooperativista.

La Cámara Federal de Apelaciones, en cambio, consideró que no correspondía a Ruarte el rol de querellante porque no es la damnificada directa (en este caso sería el Estado Nacional). Sin embargo, instruyó al juez Poviña a que “una vez vuelta la causa a origen, proceda a recibir declaración testimonial a la señora Paola Alejandra Ruarte”.

“Es la primera vez que en un caso de corrupción se ordena la protección de un testigo”, aseguró el fiscal federal Gómez.

En julio pasado, Ruarte acudió a la Justicia con una grabación “casera” en la que, según su versión, se escuchaba la voz de Gassenbauer. “(En) el 100% de las cooperativas hay irregularidades y hay quilombos (sic). Vos sabés que hay gente que se ha hecho una casa entera con cooperativas. Legisladores que ya no están, (...) que se han hecho casas para ellos. Imaginate si no hay anomalías”, expresa la persona que, según Ruarte, es el legislador alperovichista.

La cooperativista le relató a este diario que trabaja en barrios como referente de dirigentes políticos desde hace 20 años. “En 2011 empecé con el doctor Gassenbauer, y me nombran desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como presidenta de la ‘Cooperativa Narciso Laprida’”, apuntó.

Agregó que una de sus funciones principales era firmar la documentación referida a la entrega del material. Y señaló que comenzó a detectar aparentes anomalías cuando notó que se buscaba aprobar balances sin que las obras hubieran comenzado. “(Ruarte sostiene) que comenzó a sospechar varias irregularidades, entre ellas que le falsificaban la firma, por lo que formuló denuncia policial en fecha 30/06/2014 y 07/07/2014; luego recibió amenazas de muerte y fue golpeada en su domicilio por personas desconocidas”, detalla en los considerando el documento firmado por los jueces Marina Cossio, Graciela Fernández Vecino, Raúl David Mender, Ricardo Sanjuán y Ernesto Clemente Wayar.

La demanda de Ruarte apunta contra Gassenbauer y “contra quienes resultaren coautores o encubridores” de las presuntas maniobras. Como ejemplo, la ex cooperativista explicó que se habrían desviado $ 2,6 millones supuestamente destinados al Club América, y aseguró que ninguna obra de las previstas se ha ejecutado. “Al final, la única damnificada con todo este escándalo es mi familia. Tuve que enviar a mis hijos menores a otro lado porque la última vez intentaron prenderle fuego a la puerta. Ahora estoy con psicólogos y custodia de Gendarmería, pero quedé sin empleo y desprotegida por un hecho de corrupción que me es ajeno”, expresó, preocupada, Ruarte.